En el dinámico medio laboral actual, la retribución por la prestación de servicios a menudo va más allá del simple pago de un salario en dinero. Los empleadores, en su afán constante por atraer y retener al mejor talento, han implementado diversos paquetes de beneficios laborales que incluyen desde vivienda y alimentación, hasta vehículos y equipos de tecnología.
Sin embargo, para las empresas, bajo la inofensiva apariencia de «beneficios adicionales», subyace una figura jurídica sumamente sensible y que puede representar una grave contingencia legal: las ventajas económicas.
¿Qué son las Ventajas Económicas en el Derecho Laboral?
A diferencia de otras instituciones laborales, la legislación guatemalteca no ofrece una definición clara de las ventajas económicas y tampoco desarrolla esta figura dentro de su normativa. Ante la imprecisión de la norma y la ausencia conceptual, la interpretación de este precepto legal sigue generando dudas, inclusive para los propios legisladores.
El artículo 90 del Código de Trabajo se limita a establecer una regla de cálculo: “Las ventajas económicas, de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado”.
Doctrinariamente, podemos definir a las ventajas económicas como cualquier beneficio no dinerario, de cualquier naturaleza, adicional al salario, que el empleador proporciona al trabajador como contraprestación directa o indirecta por sus servicios. Esto significa que el trabajador recibe bienes o servicios en lugar de efectivo , representando una ganancia patrimonial y no meramente un recurso necesario para ejecutar su labor.
El Riesgo Oculto: Aumento de Pasivos Laborales
La falta de una definición en el Código de Trabajo y la diversidad de criterios judiciales convierten a estas ventajas en un verdadero «arma de doble filo». Al no existir reglas claras, cualquier beneficio mal estructurado puede incrementar la carga económica al finalizar la relación laboral hasta en un 30% de forma imprevista para el empleador.
Criterios Judiciales para Identificarlas
Dado que el término «cualquier naturaleza» abre la puerta a una interpretación judicial extensiva , en la práctica se han identificado diversos criterios para desentrañar si un beneficio constituye o no una ventaja económica:
- Criterio de Generalidad: Si el beneficio se otorga a la totalidad de la planilla para el cumplimiento de sus funciones, suele descartarse como ventaja económica. Por el contrario, si es una concesión selectiva y discrecional que no funge como herramienta, se presume su naturaleza salarial.
- Criterio de Finalidad: Radica en la distinción entre «para el trabajo» y «por el trabajo». Si el beneficio es indispensable para ejecutar la labor (por ejemplo, un hotel por viaje de negocios), no es ventaja. Si el beneficio mejora el patrimonio personal del trabajador (por ejemplo, el pago de renta de vivienda personal), es ventaja económica.
- Criterio de Necesidad Básica: Si la empresa cubre gastos que ordinariamente el trabajador debería costear de su propio bolsillo, como la alimentación, el transporte personal o servicios básicos, estos se consideran ventajas económicas.
- Criterio de Periodicidad: La recurrencia en la entrega del beneficio refuerza su carácter de ventaja económica.
La Carga de la Prueba: Una Postura Inusual
A diferencia de la regla general del Derecho de Trabajo, donde la carga de la prueba recae en su mayoría en el empleador, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha sostenido que la existencia de las ventajas económicas debe ser probada fehacientemente por el trabajador.
Esta postura constituye una limitante en los procesos judiciales para obtener una condena de pago, derivado que el trabajador tiene la obligación de demostrar que efectivamente gozó del beneficio de forma clara y suficiente para que el juzgador emita un fallo al respecto.
Proteja a su Empresa de Contingencias Laborales
La opacidad normativa en torno a las ventajas económicas genera un efecto contraproducente para los trabajadores. Lejos de incentivar beneficios adicionales, limita el otorgamiento de prestaciones no dinerarias debido al riesgo financiero que pueden representar para la empresa.
Para evitar que los beneficios corporativos se conviertan en pasivos laborales imprevistos, es vital contar con un diseño contractual impecable («pacto en contrario»). En Grupo Fuentes, nuestro equipo de expertos en derecho corporativo y laboral le brinda la asesoría preventiva necesaria para estructurar los paquetes de compensación de su empresa, protegiendo su patrimonio y garantizando el cumplimiento legal.