Cuando se analiza el atractivo de un país para la inversión extranjera, el presupuesto público suele verse como un ejercicio técnico reservado a economistas y funcionarios. Sin embargo, para quien evalúa proyectos de mediano y largo plazo, el presupuesto cumple una función mucho más estratégica: define las reglas de juego bajo las cuales el Estado toma decisiones económicas relevantes.
En el libro Presupuesto Público Comentado 2025, Ricardo Gálvez Ñáñez —abogado y economista— desarrolla un análisis detallado del Decreto Legislativo N.° 1440, norma que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público en el Perú. En su Capítulo I, el autor explica los principios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, así como las reglas fiscales vinculadas al déficit y la deuda respecto del PBI. Este marco normativo condiciona la programación y ejecución del gasto público y delimita la actuación fiscal del Estado incluso antes de discutir montos o sectores específicos
El presupuesto público como marco de decisión económica
Desde esta perspectiva, lo importante no es solo cuánto gasta el Estado, sino bajo qué reglas lo hace. El Sistema Nacional de Presupuesto Público demuestra que el presupuesto peruano no es un instrumento sujeto únicamente a coyunturas políticas, sino un mecanismo jurídicamente condicionado por principios explícitos de disciplina fiscal.
Las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda respecto del PBI reducen la discrecionalidad y ordenan la actuación fiscal incluso antes de que se definan prioridades sectoriales. Para el inversionista, este punto es esencial: un entorno con límites claros ofrece mayor previsibilidad que uno donde el gasto público responde a impulsos de corto plazo.
Ahora bien, la existencia de reglas no es suficiente; su cumplimiento efectivo es lo que genera confianza. En 2025, el déficit fiscal cerró cercano al 2,3% del PBI, próximo a la meta de 2,2%, impulsado por una sólida recaudación tributaria y medidas de eficiencia en el gasto. La deuda pública, por su parte, se mantuvo alrededor del 32% del PBI, una de las más bajas de la región.
Estos resultados refuerzan la credibilidad del sistema y proyectan una senda de convergencia hacia metas más estrictas en los próximos años. La disciplina fiscal sostenida, más que un dato estadístico, constituye una señal institucional relevante para proyectos de inversión que requieren horizontes amplios.
Pensar más allá del año fiscal
Uno de los cambios más relevantes en el diseño presupuestario peruano es que el presupuesto dejó de ser un ejercicio puramente anual. La Programación Multianual Presupuestaria y la Asignación Presupuestaria Multianual introducen una lógica de continuidad alineada con el Marco Macroeconómico Multianual y las reglas fiscales vigentes.
Para la inversión privada —especialmente aquella vinculada a infraestructura, servicios públicos o provisión al Estado— esta arquitectura es determinante. Permite anticipar qué políticas tienden a mantenerse y cuáles son transitorias. La planificación multianual reduce la probabilidad de cambios abruptos en la asignación de recursos y facilita decisiones financieras de largo plazo.
En el ámbito de las contrataciones con el Estado, esta previsibilidad adquiere un valor adicional. Las empresas que participan en procesos públicos necesitan claridad sobre la continuidad de programas y proyectos, así como sobre la disponibilidad de recursos para su ejecución. La consistencia entre programación y ejecución presupuestaria incide directamente en la estabilidad contractual y en la viabilidad de inversiones asociadas.
Transparencia y límites como condiciones para invertir
El sistema presupuestario peruano también enfatiza la transparencia y la exigencia de información suficiente en cada etapa del gasto público. Estos elementos no son accesorios. En economías donde la discrecionalidad fiscal ha generado incertidumbre histórica, la publicidad de la información y la trazabilidad de las decisiones constituyen garantías institucionales relevantes.
Para la inversión extranjera, la clave no está en eliminar el riesgo —algo imposible— sino en acotarlo dentro de reglas conocidas. Cuando el presupuesto impone límites claros al gasto, exige consistencia con la programación multianual y obliga a justificar decisiones con información verificable, el margen de arbitrariedad disminuye y la planificación empresarial se vuelve más viable.
Más reglas, menos incertidumbre
En definitiva, el valor del presupuesto público no radica únicamente en el volumen del gasto, sino en su arquitectura institucional. Un sistema que combina disciplina fiscal, planificación multianual y transparencia crea un entorno donde las decisiones del Estado son más previsibles y, por lo tanto, más compatibles con la inversión de largo plazo.
Para empresarios e inversionistas extranjeros, comprender este marco resulta tan importante como analizar tasas de crecimiento o incentivos sectoriales. La inversión no se decide solo por oportunidades de mercado, sino por la capacidad del Estado de actuar dentro de reglas estables, coherentes y sostenidas en el tiempo.
En ese sentido, el presupuesto no es un documento técnico aislado, sino la expresión jurídica de la disciplina fiscal y la estabilidad económica. Es, en términos prácticos, la regla de juego que determina cómo y bajo qué condiciones el Estado interviene en la economía. Y cuando esas reglas son claras y se cumplen, el terreno para invertir se vuelve considerablemente más sólido.
Ricardo Gálvez
Abogado Senior especialista en Contrataciones con el Estado
Estudio Fuentes