La falsificación de productos constituye una problemática recurrente para los titulares de marcas en un contexto marcado por la globalización y el crecimiento del comercio internacional. La facilidad para comercializar y trasladar mercancías entre distintos mercados ha incrementado el riesgo de circulación de productos que vulneran derechos de propiedad intelectual.
Frente a ello, el ordenamiento jurídico peruano ha incorporado mecanismos preventivos destinados a evitar el ingreso o comercialización de mercancías presuntamente infractoras. Entre estos destaca el régimen de medidas en frontera, que permite la intervención de la Administración Aduanera respecto de mercancías sospechosas antes de que sean incorporadas al mercado.
A diferencia de las acciones administrativas o judiciales que suelen activarse una vez consumada la infracción, las medidas en frontera tienen una naturaleza esencialmente preventiva, pues buscan impedir que productos presuntamente falsificados ingresen al circuito comercial y generen perjuicios a los titulares de derechos.
Fundamento y finalidad de las medidas en frontera
En el Perú, las medidas en frontera se encuentran reguladas principalmente por el Decreto Legislativo N° 1092 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2009-EF. Dicho régimen establece un conjunto de mecanismos de control aduanero orientados a la protección de los derechos de autor, derechos conexos y derechos de marca.
La lógica detrás de esta regulación responde a una necesidad práctica: muchas veces la detección de mercancías falsificadas resulta más eficiente en el punto de ingreso o salida del país que cuando los productos ya han sido distribuidos en el mercado. La intervención temprana permite minimizar los daños económicos al titular de la marca y reduce los costos asociados a posteriores procedimientos sancionadores o judiciales.
Desde una perspectiva económica, este mecanismo también contribuye a desalentar prácticas de competencia desleal y a preservar la confianza de los consumidores en los signos distintivos que identifican determinados bienes y servicios.
Alcances y límites del sistema de protección aduanera
El régimen peruano prevé la aplicación de medidas en frontera respecto de mercancías sometidas a diversos regímenes aduaneros, incluyendo la importación para el consumo, la reimportación en el mismo estado, la admisión temporal para reexportación, la exportación definitiva o temporal y el tránsito aduanero.
No obstante, la normativa también establece exclusiones expresas. Entre ellas destacan las mercancías de carácter no comercial que formen parte del equipaje personal de los viajeros y los envíos de pequeña cuantía cuyo valor FOB no supere los USD 200.
Estas limitaciones responden a criterios de razonabilidad y eficiencia administrativa. El objetivo del sistema no es controlar operaciones aisladas o de escasa relevancia económica, sino concentrar los recursos del Estado en aquellas actividades comerciales que puedan representar una amenaza significativa para los derechos de propiedad intelectual y para el mercado formal.
La importancia del registro ante SUNAT para los titulares de marcas
Uno de los aspectos más relevantes del régimen peruano de medidas en frontera es la creación del Registro Voluntario de Titulares de Derechos administrado por la SUNAT. Este mecanismo permite a los titulares de marcas proporcionar información que facilite a la autoridad aduanera la identificación de productos auténticos y la detección de mercancías presuntamente infractoras durante los controles de frontera.
Para su inscripción, el titular debe acreditar la titularidad del derecho e incorporar información técnica relacionada con los bienes protegidos, incluyendo aquellas características que permitan distinguir los productos originales de posibles falsificaciones. Asimismo, la SUNAT solicita una opinión previa de INDECOPI a efectos de validar la titularidad invocada.
Si bien el registro tiene carácter voluntario, en la práctica constituye una herramienta de especial utilidad para fortalecer la protección marcaria, pues brinda a la Administración Aduanera información previa que facilita la identificación y control de mercancías sospechosas. Cabe precisar que dicho registro debe renovarse anualmente dentro de los primeros treinta días hábiles de cada año; de lo contrario, se produce su caducidad automática.
El rol activo de la Administración Aduanera en la protección de la propiedad intelectual
Una de las características más relevantes del modelo peruano es que la intervención aduanera puede originarse tanto a solicitud del titular como por iniciativa de la propia Administración.
En el primer supuesto, el titular de la marca solicita expresamente la suspensión del despacho de una mercancía respecto de la cual presume la existencia de una infracción. Para ello debe presentar información específica sobre la operación cuestionada y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.
Sin embargo, la regulación también permite que SUNAT actúe de oficio cuando, durante sus labores de control, detecta mercancías que presentan indicios de falsificación o que resultan sospechosamente similares a productos protegidos por derechos de propiedad intelectual. En estos casos, la autoridad puede suspender temporalmente el levante de las mercancías y comunicar la situación al titular correspondiente.
Esta facultad evidencia que la protección de la propiedad intelectual no depende exclusivamente de la vigilancia privada de los titulares, sino que forma parte de una política pública de control del comercio ilícito y de protección del mercado.
La garantía como mecanismo de equilibrio entre protección marcaria y comercio legítimo
Uno de los elementos más interesantes del régimen de medidas en frontera es la exigencia de una garantía a cargo del titular que solicita la intervención. La normativa establece que la suspensión de mercancías debe estar respaldada por una garantía equivalente al veinte por ciento del valor FOB de la mercancía involucrada, porcentaje que se eleva al cien por ciento cuando se trata de mercancías perecibles.
Lejos de constituir una mera formalidad, esta exigencia cumple una función fundamental dentro del sistema. Su propósito es evitar el uso abusivo de las medidas en frontera y proteger a importadores, exportadores o consignatarios frente a los perjuicios que podría generar una suspensión injustificada.
De esta manera, la regulación peruana procura equilibrar dos intereses igualmente legítimos: por un lado, la necesidad de proteger de manera efectiva los derechos de propiedad intelectual; y, por otro, la garantía de que el comercio internacional pueda desarrollarse sin restricciones arbitrarias.
Las medidas en frontera constituyen un mecanismo de protección preventiva que permite impedir el ingreso al mercado de mercancías presuntamente infractoras, reduciendo los perjuicios que estas pueden ocasionar a los titulares de marcas y a los consumidores.
Su eficacia depende, en gran medida, de la participación activa de los propios titulares de derechos, quienes deben mantener actualizada la información proporcionada a la autoridad aduanera y utilizar las herramientas previstas por la normativa.
En un contexto de creciente comercio internacional, las medidas en frontera se consolidan como un instrumento relevante para la protección de la propiedad intelectual y la preservación de la competencia leal.





