Cuando los directivos piensan en seguridad informática, suelen imaginar amenazas externas y hackers vulnerando sus sistemas desde el otro lado del mundo. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los incidentes más perjudiciales a menudo se originan dentro de la propia organización.
La pérdida de información confidencial y el sabotaje de sistemas por parte de colaboradores, excolaboradores o proveedores con acceso autorizado constituyen un desafío creciente. Como analizamos en nuestra entrega sobre IA Generativa y Propiedad Intelectual en Perú: Quién es el Dueño de los Activos de tu Empresa, el manejo seguro de los datos es la base de la competitividad actual.
Por ello, la protección contra ciberataques internos en empresas en Perú no recae únicamente en el área de TI; requiere una infraestructura legal preventiva desde el momento de la contratación.
El riesgo invisible: Cuando la amenaza está en la propia planilla
Un ciberataque interno no siempre implica el uso de malware complejo. Puede materializarse a través de acciones aparentemente sencillas, como descargar bases de datos de clientes antes de renunciar, compartir contraseñas de acceso administrativo o alterar registros contables.
Estos incidentes ocurren por motivaciones económicas, venganza tras un despido o simple negligencia. La dificultad radica en que el atacante ya posee credenciales válidas y conoce la arquitectura del sistema, logrando evadir los filtros de seguridad perimetral de la compañía.
Herramientas legales para prevenir el robo y sabotaje de datos
La prevención legal exige establecer reglas claras desde el inicio de la relación laboral o comercial. Todo colaborador que maneje información crítica debe firmar documentación específica que regule sus obligaciones digitales.
Acuerdos de Confidencialidad (NDA) y no competencia
El Acuerdo de Confidencialidad o NDA es la primera barrera legal. Debe especificar exactamente qué información se considera secreto comercial (bases de datos, algoritmos, listas de precios) y prohibir su extracción física o digital. En cargos gerenciales, es recomendable añadir cláusulas de no competencia con una compensación económica asociada para evitar que el colaborador utilice esa información a favor de la competencia tras su salida.
Políticas estrictas de uso de activos digitales
La empresa debe implementar y difundir un Reglamento de Uso de Activos Tecnológicos. Este documento establece que los correos corporativos, laptops y accesos a la nube son herramientas sin expectativa de privacidad. De esta manera, el empleador se reserva el derecho legal de auditar las comunicaciones y equipos ante sospechas de fuga de información.
¿Cómo actuar legalmente ante una filtración o ataque informático?
Si se detecta una vulneración interna de datos, la organización debe actuar con rapidez para asegurar la cadena de custodia de la evidencia digital, preferiblemente con apoyo de peritos informáticos.
Con las pruebas debidamente preservadas, la empresa puede proceder con el despido justificado por falta grave e iniciar acciones legales bajo la Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 30096). Esta normativa sanciona penalmente conductas como el acceso ilícito a sistemas, el atentado contra la integridad de los datos y el fraude informático, permitiendo a la empresa exigir responsabilidad civil e indemnizaciones por los daños causados.
Prevención digital y resguardo del patrimonio corporativo
Un cortafuegos tecnológico pierde su eficacia si no está acompañado de un cortafuegos legal. La redacción meticulosa de contratos laborales, acuerdos de confidencialidad y políticas de uso aceptable reduce drásticamente las zonas grises y disuade las malas prácticas del personal interno.
Proteger los activos digitales de la organización es un proceso continuo que demanda alinear las estrategias legales con las normas de seguridad de la información. Realizar auditorías preventivas sobre los contratos y los niveles de acceso de tu personal clave te permitirá identificar vulnerabilidades y blindar el patrimonio intangible de la empresa.
